Son las diez de la mañana en una sala de un Tribunal Oral Penal de Santiago de Chile. El fiscal presenta el caso contra un acusado de abuso sexual. La prueba central es un peritaje psicológico de credibilidad del testimonio que concluye que la presunta víctima es «altamente creíble». El defensor, abogado con quince años de experiencia litigando casos penales, recibe el informe pericial de doscientas páginas. Lee términos como «Inventario Multifásico de Personalidad Minnesota-2 Reestructurado», «protocolo CBCA», «hipótesis de simulación» y «validez convergente». No comprende completamente la metodología, pero confía en que podrá cuestionar al perito durante el contrainterrogatorio. Dos horas después, el jurado emite un veredicto de culpabilidad. El defensor jamás logró desacreditar el peritaje. No sabía que el protocolo utilizado estaba desactualizado, que el perito había omitido hipótesis alternativas fundamentales y que varios de los test aplicados carecían de validación científica reciente. Un hombre fue condenado, y el único que pudo haberlo evitado no tenía las herramientas técnicas para hacerlo.
Esta escena no es ficción. Es el reflejo de una realidad documentada en la investigación «Prueba pericial y su impacto en los errores del sistema de justicia penal» publicada en la Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, donde se analizaron casos en que pruebas periciales psicológicas de baja calidad metodológica sustentaron condenas que posteriormente fueron revocadas (Scielo Chile, 2018). El caso de Alonso Etcheverría Martínez, quien pasó ciento veintitrés días en prisión preventiva basándose en un peritaje psicológico que el tribunal posteriormente calificó como «altamente incompleto y ambiguo», ejemplifica las consecuencias devastadoras de peritajes mal elaborados y, críticamente, de abogados incapaces de identificar sus fallas técnicas (Scielo Chile, 2018).
En el paisaje judicial latinoamericano contemporáneo, los peritajes psicológicos han adquirido un protagonismo sin precedentes. Desde la reforma del sistema procesal penal en países como Chile, Colombia, México y Argentina, la transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio ha incrementado exponencialmente la demanda de peritos psicológicos, quienes ahora participan regularmente en procesos penales, civiles y de familia (Papeles del Psicólogo, 2006). Como documenta Ángela Tapias, psicóloga especialista y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, la creciente participación de profesionales especializados en el campo del peritaje psicológico responde tanto a demandas de instituciones públicas como del ámbito privado, generando una necesidad urgente de que los operadores jurídicos comprendan técnicamente esta evidencia (VLEX Colombia, 2019).
Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los abogados carecen de la formación necesaria para interpretar, cuestionar y utilizar estratégicamente los peritajes psicológicos. Esta brecha de conocimiento no solo afecta la calidad de la defensa o la acusación, sino que tiene consecuencias directas en la justicia de las sentencias. Vargas et al. (2019), investigadores de la Universidad El Bosque en Colombia, documentaron que los abogados frecuentemente desconocen aspectos fundamentales de la evaluación psicológica forense, desde los procedimientos metodológicos hasta los criterios de validez de los instrumentos utilizados, lo que limita severamente su capacidad para ejercer un control efectivo de calidad sobre esta prueba (Diversitas, 2019).
El dominio técnico de los peritajes psicológicos abarca tres ejes fundamentales: la comprensión metodológica, la capacidad de identificar errores y la habilidad para formular interrogatorios y contrainterrogatorios efectivos. En el ámbito penal, los peritajes se orientan principalmente a la valoración de la imputabilidad del acusado, evaluando si al momento de cometer el delito disponía de las capacidades cognitivas y volitivas necesarias para comprender sus actos (VLEX España, 2019). También se utilizan para evaluar credibilidad testimonial, detección de simulación, valoración de secuelas psicológicas en víctimas y determinación de peligrosidad criminal. En derecho de familia, los peritajes psicológicos son cruciales para determinar custodias, evaluar competencias parentales, analizar consecuencias psicológicas en menores tras separaciones y valorar idoneidad para adopciones (SBD Advocats, 2024). En derecho civil y laboral, se emplean para determinar secuelas psicológicas de accidentes, evaluar incapacidades laborales, detectar acoso psicológico y determinar capacidad jurídica (Peritajes Psicológicos Chile, 2025).
Los beneficios profesionales del dominio técnico son tangibles y medibles. Un abogado que comprende la metodología de evaluación psicológica puede identificar si el perito utilizó instrumentos válidos y confiables para el caso específico, si consideró hipótesis alternativas, si aplicó protocolos actualizados y si sus conclusiones están científicamente fundamentadas. La Guía para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial en Materia de Psicología Forense del Organismo Administrativo del Poder Judicial de México establece criterios específicos que los operadores jurídicos deben conocer, incluyendo presupuestos mínimos para la prueba, criterios de evaluación de entrevistas forenses y parámetros para la aplicación de instrumentos psicométricos (OAJ México, 2019). Un abogado familiarizado con estos criterios puede detectar cuando un peritaje carece del rigor científico necesario y construir argumentos sólidos para su impugnación.
Durante el contrainterrogatorio, el dominio técnico se convierte en un arma estratégica decisiva. Como documenta la literatura especializada sobre técnicas de contrainterrogatorio a peritos psicológicos, existen múltiples líneas de cuestionamiento que solo pueden desarrollarse con conocimiento técnico: cuestionar la formación específica del perito para el caso concreto, evidenciar la utilización de literatura desactualizada, demostrar la no aplicación de instrumentos adecuados, señalar interpretaciones incorrectas de resultados, exponer la falta de hipótesis alternativas y revelar sesgos metodológicos (VLEX España, 2019). Un caso paradigmático documentado por AbogadoPenal Madrid muestra cómo un defensor logró desacreditar un peritaje psicológico en un proceso por agresión sexual al evidenciar durante el contrainterrogatorio que el perito había utilizado una versión desactualizada del protocolo CBCA y no había incorporado mejoras metodológicas desarrolladas en años recientes (AbogadoPenal Madrid, 2025).
Los errores más frecuentes en peritajes psicológicos, identificados por Peritos Legales (2025), incluyen metodologías inadecuadas, ambigüedad en el objeto de la pericia, falta de objetividad e imparcialidad, uso de terminología jurídica inapropiada, formulación de preguntas sugestionables, desatención a variables importantes, falta de contraste de información y ausencia de referencias a estudios científicos que avalen las conclusiones. Un abogado que desconoce estos errores potenciales carece de la capacidad para detectarlos en el peritaje presentado por la contraparte o para evitarlos en los peritajes que él mismo solicita. Más grave aún, la investigación chilena sobre errores del sistema de justicia penal documenta problemas sistémicos en la confección de peritajes psicológicos, incluyendo falta de formación especializada de los peritos, ausencia de homogeneidad en los procedimientos de evaluación, uso de instrumentos con poca validación y defectos en la elaboración de informes (Scielo Chile, 2018).
Los riesgos de no dominar técnicamente los peritajes psicológicos son múltiples y graves. En primer lugar, existe el riesgo de aceptar acríticamente conclusiones periciales defectuosas que favorezcan a la contraparte. Un abogado que no puede identificar que un perito se ha pronunciado indebidamente sobre la credibilidad del testimonio, invadiendo competencias exclusivas del tribunal como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, pierde la oportunidad de desacreditar una prueba potencialmente determinante (AbogadoPenal Madrid, 2025). En segundo lugar, existe el riesgo de no aprovechar eficazmente peritajes favorables a su cliente. Un peritaje técnicamente sólido puede ser desaprovechado si el abogado no sabe cómo presentarlo estratégicamente, destacar sus fortalezas metodológicas y anticipar posibles cuestionamientos de la contraparte.
En el ámbito del derecho de familia, las consecuencias del desconocimiento técnico son particularmente sensibles porque afectan directamente el bienestar de menores. Cuando un juez debe decidir sobre custodia, régimen de visitas o adopción, frecuentemente basa su decisión en gran medida en el peritaje psicológico que evalúa las competencias parentales, el estado psicológico de los menores, la dinámica familiar y las redes de apoyo disponibles (SBD Advocats, 2024). Un abogado que no comprende los criterios técnicos de esta evaluación no puede cuestionar efectivamente un peritaje que podría estar sesgado o metodológicamente deficiente, permitiendo que decisiones que afectarán la vida de un menor se basen en evidencia científica cuestionable.
El dominio técnico también genera ventajas competitivas significativas en el mercado legal. Los despachos que desarrollan expertise en la interpretación de peritajes psicológicos pueden ofrecer un servicio diferenciado, particularmente valioso en litigios complejos de derecho penal, familia y laboral. La capacidad de trabajar efectivamente con peritos de parte, comprender sus metodologías, anticipar estrategias de la contraparte y formular interrogatorios técnicamente sofisticados constituye una competencia profesional cada vez más demandada. Como señala Diego Quijada, socio director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Antisocial en Chile y perito con amplia trayectoria en causas complejas penales y de familia, la colaboración efectiva entre abogados y psicólogos forenses requiere que ambos profesionales hablen un lenguaje común y comprendan mutuamente sus campos de especialización (Diego Quijada, 2025).
La formación técnica en peritajes psicológicos debe ser integral y práctica. No basta con conocer superficialmente qué es un test psicológico, sino comprender cómo se validan los instrumentos, qué significa confiabilidad y validez en psicometría, cómo se interpretan las puntuaciones, qué son las hipótesis alternativas en evaluación forense y cuáles son los estándares metodológicos aceptados en la comunidad científica. Arellano y Rivera (2023), investigadoras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, enfatizan que la psicología jurídica basada en la evidencia no solo beneficia las buenas prácticas e investigación, sino que fundamenta políticas públicas más efectivas, lo que refuerza la necesidad de que los abogados comprendan los fundamentos científicos de esta disciplina (Revista de Psicología UAEMEX, 2023).
El interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos psicológicos requiere preparación específica. Ruth Pérez, psicóloga forense especializada, documenta las preguntas estratégicas que todo abogado debería formular: sobre la formación y experiencia específica del perito, sobre las hipótesis planteadas durante la evaluación, sobre los instrumentos utilizados y su vigencia, sobre la interpretación de resultados, sobre la literatura científica que sustenta las conclusiones y sobre posibles sesgos o conflictos de interés (Ruth Pérez, 2022). Sin embargo, formular efectivamente estas preguntas requiere conocimiento técnico previo. Un abogado que no sabe qué es el MMPI-2-RF o el protocolo CBCA no puede cuestionar adecuadamente su aplicación o interpretación.
Los riesgos ético-profesionales también son significativos. Un abogado que acepta pasivamente peritajes defectuosos o que no utiliza estratégicamente peritajes favorables podría estar incumpliendo sus deberes profesionales de representación diligente. En casos penales donde está en juego la libertad de una persona, o en casos de familia donde se decide el futuro de un menor, la incapacidad técnica del abogado para evaluar críticamente la prueba pericial puede constituir una deficiencia grave en la representación. Como establece la Guía Mexicana de Valoración de Pruebas Periciales, muchos aspectos de la evaluación psicológica solo pueden verificarse durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, lo que hace imperativo que los abogados estén preparados técnicamente para este momento procesal crucial (OAJ México, 2019).
La colaboración multidisciplinaria emerge como una estrategia fundamental. Abogados que trabajan habitualmente con casos que involucran peritajes psicológicos deberían establecer redes de colaboración con psicólogos forenses de confianza, no solo para solicitar peritajes de parte cuando sea necesario, sino también para asesoramiento técnico en la interpretación de peritajes de la contraparte y en la preparación de interrogatorios. Esta colaboración, sin embargo, requiere que el abogado tenga un nivel mínimo de competencia técnica que le permita comunicarse efectivamente con el perito y comprender sus explicaciones.
Las oportunidades de especialización en esta área son crecientes. La consolidación de la psicología jurídica y forense como disciplina en Latinoamérica, documentada por Tapias y otros autores fundacionales, ha generado una masa crítica de conocimiento especializado, programas de formación y espacios de intercambio profesional como la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (VLEX Colombia, 2019). Los abogados que invierten en desarrollar competencias técnicas en este campo se posicionan ventajosamente en un mercado legal cada vez más competitivo y especializado.
El futuro del ejercicio legal en áreas penales, civiles y de familia estará inevitablemente marcado por la evidencia científica. A medida que los sistemas judiciales latinoamericanos continúan su proceso de modernización y profesionalización, la calidad de la evidencia pericial se vuelve cada vez más determinante. Los abogados que permanezcan técnicamente analfabetos en la interpretación de peritajes psicológicos enfrentarán desventajas crecientes frente a colegas que dominan este conocimiento. Más importante aún, sus clientes recibirán una representación de menor calidad en momentos críticos de sus vidas.
La historia con la que iniciamos este artículo, del defensor incapaz de desacreditar un peritaje defectuoso, no tiene que repetirse. Imaginemos en cambio a Carla, abogada defensora en un caso similar. Cuando recibe el peritaje psicológico de credibilidad, inmediatamente identifica que el perito utilizó un protocolo desactualizado, que no consideró hipótesis alternativas de simulación, que varios de los test aplicados carecen de validación reciente y que las conclusiones sobre credibilidad invaden competencias judiciales. Durante el contrainterrogatorio, Carla formula preguntas técnicas precisas que exponen estas deficiencias metodológicas. Presenta un contrainforme elaborado por un perito de parte que demuestra científicamente las fallas del peritaje original. El tribunal, confrontado con evidencia clara de deficiencias técnicas, otorga peso limitado al peritaje de la acusación. El acusado es absuelto. La diferencia entre estas dos historias no radica en la suerte ni en el talento innato, sino en la preparación técnica. Esta es la diferencia que el dominio técnico de los peritajes psicológicos puede marcar en la carrera de un abogado y en la vida de sus clientes.
