La Erosión Silenciosa: Diagnóstico de la Normalización de la Violencia en los Estratos Judiciales
Introducción
La justicia, como concepto fundamental de las sociedades democráticas, enfrenta una crisis silenciosa que trasciende las fronteras geográficas y culturales. En los pasillos de los tribunales, en las oficinas de los ministerios públicos y en las salas de audiencias, se desarrolla cotidianamente un fenómeno que socava los cimientos mismos del Estado de Derecho: la normalización de la violencia institucional. Esta violencia, sutil pero devastadora, opera a través de mecanismos tan arraigados en la cultura judicial que frecuentemente pasa desapercibida, convirtiéndose en parte del paisaje institucional.
Johan Galtung, el sociólogo noruego que revolucionó los estudios sobre la paz, introdujo en 1969 el concepto de violencia estructural para describir aquellas formas de violencia donde las estructuras sociales impiden que las personas satisfagan sus necesidades básicas. Esta conceptualización encuentra en el sistema judicial contemporáneo un laboratorio perfecto donde observar cómo las instituciones diseñadas para proteger los derechos ciudadanos pueden convertirse en espacios de perpetuación del daño. La violencia estructural en el ámbito judicial no se manifiesta únicamente a través de actos abiertamente agresivos, sino principalmente mediante la normalización de prácticas que sistemáticamente excluyen, discriminan y revictimizan a quienes buscan justicia.
Marco Teórico: Conceptualizando la Violencia Institucional
La violencia institucional, según Galtung, se define como la violencia ejercida por las estructuras sociales o instituciones que impiden que las personas satisfagan sus necesidades básicas. En el contexto judicial, esta violencia se manifiesta cuando el sistema de justicia, en lugar de proteger los derechos ciudadanos, los viola a través de sus prácticas, omisiones y sesgos institucionales. Pierre Bourdieu complementa esta conceptualización al introducir el concepto de «violencia simbólica», que se refiere a las formas de dominación que se ejercen a través de símbolos y discursos que legitiman la desigualdad y la exclusión. En el ámbito judicial, esta violencia se manifiesta en el uso de lenguaje técnico excluyente, rituales intimidatorios y la aplicación de estándares que favorecen a ciertos grupos sociales.
La normalización de la violencia es un proceso mediante el cual comportamientos y prácticas violentas se vuelven aceptables, rutinarios e incluso esperados dentro de una institución o sistema social. Este proceso involucra mecanismos psicológicos y sociales que hacen que la violencia sea percibida como «natural» o «necesaria» para el funcionamiento del sistema. Según Rita Laura Segato, la normalización de la violencia opera a través de tres dimensiones interrelacionadas: la estructural, que se refiere a las desigualdades sistemáticas incorporadas en las instituciones; la cultural, que involucra las creencias y valores que justifican la violencia; y la directa, que se manifiesta en actos específicos de violencia física, psicológica o simbólica.
La Magnitud del Problema: Evidencia Empírica Regional
La magnitud de este problema se vuelve evidente cuando examinamos los datos proporcionados por instituciones oficiales. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México documentó que entre 2015 y 2022, 33,221 menores de edad fueron víctimas de delitos que atentan contra la vida, libertad personal e integridad corporal. Esta cifra, alarmante por sí misma, adquiere dimensiones aún más preocupantes cuando se considera que representa únicamente los casos reportados oficialmente, sugiriendo que la realidad podría ser considerablemente más grave. La normalización de esta violencia se evidencia en la forma en que estas estadísticas son presentadas como datos rutinarios, sin generar la respuesta institucional que su magnitud debería provocar.
En Argentina, el Registro de Violencia Institucional de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires ofrece una ventana inquietante hacia la realidad de la violencia estatal. Entre 2018 y 2022, se registraron 909 delitos de violencia institucional formalmente imputados, pero la cifra más reveladora es que el 97% de las causas involucran a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad como presuntos responsables, mientras que solamente el 3% de estos casos resultaron en imputaciones formales. Esta disparidad entre los hechos documentados y las consecuencias legales ilustra perfectamente cómo la normalización opera: la violencia se registra, se documenta, se archiva, pero raramente se sanciona de manera efectiva.
El panorama centroamericano presenta características similares pero con particularidades regionales significativas. En Costa Rica, el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), implementado en 2022 con apoyo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, representa un avance notable en el reconocimiento y abordaje de la violencia institucional. Según el director de la Defensa Pública de Costa Rica, Juan Carlos Pérez Murillo, este sistema constituye «una herramienta fundamental en la identificación, denuncia y seguimiento de casos de violencia en el contexto penitenciario costarricense» que permite «el acompañamiento a las víctimas y los familiares que lo requieran en el proceso de denuncia, tanto social como jurídicamente». La implementación del SIRCAIVI surge como respuesta directa a la constatación de que «la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, en sí mismos, son una forma de tratos o penas crueles e inhumanos».
Manifestaciones de la Violencia Institucional
La Revictimización como Violencia Sistemática
La revictimización emerge como una de las manifestaciones más perniciosas de esta violencia normalizada. María Luisa Piqué, reconocida jurista argentina, define la revictimización como el daño adicional que sufren las víctimas como consecuencia de las respuestas inadecuadas de las instituciones públicas encargadas de brindar protección y justicia. Esta definición captura la paradoja central del problema: las instituciones que deberían sanar terminan hiriendo, las que deberían proteger terminan exponiendo, las que deberían empoderar terminan victimizando nuevamente.
Los estudios realizados en México por investigadores como Elena Burgueño Duarte y Daniela Cerva Cerna han documentado cómo la atención a las víctimas de violencia se caracteriza por constantes actos y omisiones que dilatan, obstaculizan e impiden el acceso a la justicia. Estos investigadores identifican que los agentes estatales frecuentemente discriminan, juzgan, humillan y culpabilizan a las mujeres por lo que les sucedió, creando un ambiente donde la búsqueda de justicia se convierte en una experiencia traumática adicional. Esta violencia institucional se alimenta de prejuicios, estereotipos y valores que reafirman patrones de dominación y cuestionan la libertad y autonomía de las víctimas.
Violencia de Género en el Sistema Judicial
El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica, creado como «una unidad técnica, iniciativa de la Presidencia de la Corte y de la Secretaría de Género, ratificada por el Consejo Superior del Poder Judicial», evidencia la institucionalización de la problemática de género en el sistema judicial costarricense. Los datos del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica revelan patrones preocupantes: durante 2024, se registraron 442 homicidios dolosos en el primer semestre, representando un aumento del 43% comparado con el mismo período de 2022. Más significativo aún es que el 78% de estos homicidios se cometieron utilizando armas de fuego, y que el 3.75% tuvieron como móvil la violencia doméstica, cifra que, aunque aparentemente baja, refleja únicamente los casos que llegaron al extremo letal, sin considerar la violencia sistemática que precede a estos desenlaces fatales.
En el ámbito centroamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado de manera específica las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia. Entre estos obstáculos se destacan «la ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos; la falta de recursos humanos y financieros para atender los problemas persistentes y estructurales; la debilidad institucional de los ministerios públicos y la policía que investigan los delitos; y la falta de unidades especiales dentro de las fiscalías, la policía y los tribunales con destreza técnica y conocimientos especiales». Esta descripción, aplicable tanto a Costa Rica como a Panamá, ilustra cómo la violencia institucional opera a través de la ausencia estatal y la inadecuación de los servicios públicos.
Los Mecanismos de Normalización
La normalización de esta violencia opera a través de mecanismos psicológicos y sociales complejos. Cuando los operadores de justicia son repetidamente expuestos a situaciones de violencia sin contar con herramientas adecuadas para procesarlas, desarrollan estrategias de afrontamiento que pueden incluir la desensibilización emocional, la culpabilización de las víctimas y la minimización de la gravedad de los hechos. Este proceso, documentado en la literatura sobre trauma secundario, explica cómo profesionales bien intencionados pueden convertirse en agentes de revictimización sin siquiera ser conscientes de ello.
En Panamá, el desarrollo de la profesión de investigación criminal y seguridad surge como respuesta institucional al «incremento de la criminalidad y violencia social». La Universidad Especializada de las Américas implementó en 2003 la primera Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad del país, reconociendo la necesidad de «coadyuvar a las investigaciones, dados los incrementos de los casos de homicidios y de investigaciones relacionadas con averiguación de causales de muerte, muchas de ellas sin respuestas apropiadas, de parte del personal pericial y las instituciones de seguridad pública». Esta iniciativa académica, posteriormente replicada por la Universidad Autónoma de Chiriquí en 2017, refleja el reconocimiento institucional de que la violencia y la inadecuada respuesta estatal constituyen problemas estructurales que requieren profesionalización especializada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado en la región un «patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva». Esta impunidad, observada tanto en Costa Rica como en Panamá, «perpetúa la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia».
Dimensión Internacional del Problema
La dimensión internacional del problema se evidencia también en estudios realizados en otras regiones. Una revisión sistemática de iniciativas de justicia penal en África Oriental, publicada en 2023, identifica que las barreras para el éxito de los programas de atención a víctimas incluyen la falta de recursos y facilidades, la ausencia de personal capacitado en salud, policía y sistema judicial, partnerships médico-legales débiles, y el estigma y la impunidad que restringen la adopción y distribución justa de los servicios. Estos hallazgos sugieren que la normalización de la violencia institucional trasciende contextos específicos y representa un desafío global para la administración de justicia.
El concepto de «violencia normalizada» adquiere particular relevancia cuando examinamos cómo ciertos comportamientos violentos se vuelven rutinarios e incluso esperados dentro del sistema judicial. La investigación publicada en The British Journal of Criminology en 2024 sobre normalización narrativa de la violencia revela cómo los individuos utilizan estrategias narrativas para manejar la adversidad, proceso que puede aplicarse también a los operadores judiciales que desarrollan mecanismos para justificar o minimizar la violencia institucional de la que son testigos o partícipes.
Consecuencias Sistémicas
Las consecuencias de esta normalización se extienden mucho más allá de las víctimas directas. Cuando el sistema de justicia se convierte en un espacio de violencia normalizada, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, se perpetúan ciclos de violencia y se debilita el tejido social. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de México de 2021 documenta una percepción generalizada de que las instituciones de justicia no brindan protección efectiva, reflejando cómo la violencia institucional impacta la legitimidad del sistema en su conjunto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido jurisprudencia específica sobre este tema en casos emblemáticos como el de Campo Algodonero vs. México, donde determinó que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas. El tribunal internacional identificó que la inadecuada respuesta estatal constituyó actos de revictimización y violencia institucional, estableciendo estándares claros sobre las obligaciones estatales en materia de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
Conclusiones de la Primera Parte
La normalización de la violencia en los estratos judiciales constituye un fenómeno complejo que opera a través de múltiples dimensiones y mecanismos. La evidencia empírica presentada desde México hasta Argentina, pasando por Costa Rica y Panamá, demuestra que este no es un problema aislado o accidental, sino una manifestación sistemática de violencia estructural que requiere reconocimiento, análisis y respuestas integrales.
Esta primera parte del análisis revela que la violencia institucional en el ámbito judicial no solo vulnera los derechos humanos fundamentales, sino que también socava la legitimidad del sistema de justicia y perpetúa ciclos de violencia y exclusión. La comprensión de estos mecanismos de normalización es fundamental para diseñar estrategias efectivas de transformación, tema que será abordado en la segunda parte de esta investigación.
